Ayer escribimos sobre la reforma de la educación superior y sus alcances en materia de cumplimiento, hoy jueves 25 de enero de 2018, luego de una discusión de varios años nos encontramos con la ley aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, enviada ayer 23 de enero al Poder Ejecutiva, Presidenta, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial.
Diversos serán los aspectos que esta nueva ley tendrá en el sistema de educación superior, temas como la acreditación obligatoria para todas las instituciones, tanto universidades, Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica que no se hayan acreditado tendrán un plazo de 4 años para que cumplan con la ley, la acreditación ya no será en años sino que en niveles de acreditación y por otra parte la acreditación de carrera voluntaria ya no corresponderá a las agencias de acreditación sino que será la Comisión Nacional de Acreditación la responsable.
Un tema relevante será la regulación de aranceles a través de la regulación de ellos que se regirán por la política de gratuidad donde un comité expertos, situación que hoy no existe, la que definirá los valores establecidos por el Ministerio de Educación.
Otro aspecto a tener presente será la creación del sistema de admisión a la educación superior (SUA) que es administrado por el Consejo de Rector y utiliza la PSU, será administrado por un comité técnico y su administración estará a cargo de la Subsecretaría de Educación y se llamará “Sistema de Acceso” incluirá a las 46 instituciones adscritas a la gratuidad, incluye IP y CFT, el resto podrá optar. Este nuevo sistema definirá los requisitos y criterios de admisión para cada carrera o programa, así como definir a cada institución un mecanismos de transparencia e inclusión.
Una nueva institución con que deberán trabajar muy de cerca las Instituciones de educación superior será la nueva Superintendencia de Educación Superior responsable de fiscalizar y sancionar a los planteles para resguardar la calidad y evitar la presencia del lucro. Para ellos se definieron diversas operaciones prohibidas, se exige a las instituciones la creación de mecanismos de políticas de conflicto de interés que resguarden el patrimonio de la institución
Estos son algunos de los temas, quedan muchos detalles y también los mecanismos administrativos y mayores precisiones que serán materia de las organismos de la administración y que serán definidos en los próximos meses, lo que si es claro, es que las tareas que hoy realizan las instituciones de educación superior tendrán nuevas exigencias y controles y para ello se hace relevante trabajar las diversos acciones bajo una metodología con enfoque de riesgos.
