Hace unos días me han enviado un email informándome de un proyecto de ley en Italia que me ha llamado mucho la atención por el efecto que tienen los blogs y por su fuerza como un medio de comunicación. Al menos eso es lo que se desprende de la información que recoge el diario La Reppublica. El Gobierno italiano está preparando un proyecto de Ley que obligaría a los bloggers a depender de un periodista acreditado como “editor responsable”. Este mecanismo de supervisión y control que prepara el Gobierno de Prodi obligaría a los dueños de los blogs a pagar impuestos, aunque no generen beneficios e incluso se podrían enfrentar a penas de cárcel en caso de que lo publicado sea calificado como contenido difamatorio, según recoge la legislación italiana.
El borrador está listo y escrito por Ricardo Franco Levi, subsecretario del presidente Prodi. Tras su aprobación por el Consejo de Ministro el pasado 12 de octubre sólo queda que el Parlamento lo ratifique. Levi advierte: “no será el Gobierno italiano el que cierre un blog. No es un simple asunto de de distinguir entre sitios públicos o privados. Será la Autoridad de Comunicaciones la que indique a través de regulaciones qué personas y qué empresas tienen que registrarse”.

Este tipo de creaciones legales no es más que los resabios de una cultura donde el Estado ha tenido dificultades para redefinir los valores del interés general en el nuevo entorno de transformaciones que han producido la revolución digital y la difusión masiva de la tecnología de conexiones, tal como ocurre con el satélite, el cable y las nuevas redes de comunicación, en particular de internet y en este caso de los blogs. El claro avance de las fuerzas del mercado y de los valores del comercio como motor del desarrollo de la tecnología ha colocado al Estado a menudo en una posición incierta y debilitada frente a los nuevos retos que presenta este entorno tecnológico, económico y social de la emergente sociedad de la información. La pérdida del monopolio estatal para definir los nuevos valores convive entonces con demandas que reclaman su centralidad, este tipo de iniciativa trata de retomar estos criterios pero son anacrónicos y sin sentido, olvidando todas las opciones que internet nos ofrece para salvar restricciones legales nacionales. El mundo en materia de tecnología es global y un solo Estado no puede entrar a regularlo en forma individual.