Continuando con la discusión del proyecto de ley que sanciona las descargas de P2P de Internet, nos encontramos que en Europa y en España se propone volver a avanzar en un nuevo proyecto, situación que en Francia entra en vigencia este 1 de enero del 2009.
De hecho, France Télécom, que opera en España bajo la marca Orange, está dispuesto a aplicar en España el llamado Modelo Sarkozy de restricción de las descargas por Internet para aquellos que se bajan música y películas protegidas por derechos de autor. Así lo señala el presidente mundial de France Télecom, Didier Lombard, en una entrevista que publica NEGOCIOS, el suplemento financiero del diario EL PAÍS.
Lombard considera que el sistema francés, aprobado por el Parlamento galo en otoño pasado y que entrará en vigor el 1 de enero, es un sistema equilibrado, porque deja en manos de una autoridad independiente (Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet), integrada por magistrados, las medidas a adoptar contra los internautas que realicen descargas ilegales a través de programas de intercambio de archivos P2P (De usuario a usuario o Peer to Oeer, por sus siglas en inglés) como eMule, BiTorrent o Ares.
El modelo que se está implementando en Francia consta de 2 etapas:
1.-En la primera, la Alta Autoridad envía a los piratas mensajes de advertencia por correo electrónico y, después, si hay reincidencia, una carta certificada, con el fin de garantizar que el interesado tiene constancia del comportamiento que se le reprocha. A continuación, la Alta Autoridad puede decidir, bajo control judicial, una sanción adaptada a las características del comportamiento con el que se desea acabar: la interrupción temporal del abono a Internet, acompañada de la prohibición de volver a abonarse durante el mismo periodo. Con el fin de garantizar que se respetan las medidas de suspensión establecidas, los proveedores de acceso a Internet (ISP) deberán comprobar, en el momento de firmar cualquier nuevo contrato, que el contratante no figura en un repertorio de personas cuyo abono ha sido suspendido, gestionado por la Alta Autoridad. Ésta podrá imponer sanciones pecuniarias a los proveedores de acceso a Internet que no realicen dicha comprobación o que no apliquen las medidas de suspensión.
2. La segunda etapa es que es necesario que existan contenidos legales disponibles con tarifas bajas, para que exista una alternativa a la descarga de contenidos ilegales.
El modelo que comienza a implementarse en Francia impone fuertes costos a las empresas de ISP, que lo pagan los clientes, si en Chile estamos avanzando en la penetración de internet como lo hemos visto en otros post, hoy no podemos comenzar a imponer cargos mayores a los ISP para traspasarlos a los clientes porque nos llevará a no incentivar la masificación de internet. Espero que esto se tome en consideración y que no se le impongan mayores cargas a los ISP porque al final lo terminamos pagando todos los usuarios.