En el contexto actual muchas instituciones de educación superior deberán adecuarse a un nuevo entorno, tanto en la gestión institucional como en la formación de los estudiantes.
Una de las preguntas que se generan en las instituciones de educación superior siempre surge la duda por donde se debe partir al momento de definir una estrategia institucional de transformación digital. Por una parte se requiere evaluar las políticas que posee la institución, así como sus reglamentos y normas generales que son claves para ese proceso.
Entre los aspectos críticos que hay que mirar están las materias relativas a la propiedad intelectual, en especial en materia de derecho de autor dado los alcances y respeto del derecho de autor contemplado en la ley 17.336.
Otros ámbitos documentales claves dicen relación con la revisión de los contratos de prestación de servicios educacionales para que se adecuen a las exigencias y recomendaciones dadas tanto por el regulador como el Sernac y la Superintendencia de Educación Superior, en especial para abordar el contexto digital. Además, tenemos que preparar un contrato para la elaboración del material digital educativo para protegerlo acorde a las exigencias de la ley de derecho de autor, Ley 17.336. En relación a la propiedad intelectual debemos también tener presente el rol que jugará la biblioteca a nivel institucional, es verdad que se da una disminución del uso tradicional de la biblioteca y ese rol requiere una adecuación en la gestión de ella así como también una reconversión laboral de los equipos de biblioteca, donde no solo tienen un rol presencial sino que también digital.
Otro aspecto importante va a ser cómo se trabaja con el área de tecnología educativa en su rol de apoyo a los docentes y también de los estudiantes a las plataformas digitales que utilizan los estudiantes. Es importante considerar el funcionamiento de procesos y procedimientos para la debida coordinación de esas plataformas y tener claro un mapa con diversos servicios que proveen apoyo al área de tecnología educativa. El área de tecnología no puede tener un rol independiente por ello requiere de una coordinación en la constitución del correspondiente campus virtual institucional.
Las instituciones que deben ajustarse al entorno digital deben instalar también un área de gobierno de datos que tengan la misión de generar políticas en materia de privacidad, gestión y tratamiento de datos que manejan, esto implica tomar medidas técnicas, legales y organizativas adecuadas para gestionar en la organización. Muchas de estas acciones no se podrían lograr si no se cuenta con el debido apoyo institucional, es decir la alta dirección de la organización.
Un proyecto institucional en materia de e-learning requiere identificar los riesgos a los que se puede enfrentar, identificar tanto legales como operacionales, no solo actuales sino que potenciales que pueden generarse al implementar un cambio en la organización para ellos es importante estar preparados en evaluar cambios que afecten a docentes, alumnos y administrativos en cada uno de los procesos en que están involucrados.
