La Contraloría General de la República determinó que Consejo para la Transparencia cuenta con atribuciones para verificar que instalación de dispositivos de videovigilancia municipales da cumplimiento a la ley sobre protección a la vida privada.
El ente contralor concluyó que no se advierte inconveniente jurídico en la realización del procedimiento que, precisamente, tuvo por objeto que el Consejo pudiera acceder a información que le permitiera velar por el cumplimiento de la citada ley.

Ver AQUI