El controvertido proyecto legislativo estadounidense HR 3523, bautizado como CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) vuelve otra vez a poner en guardia a los defensores de las libertades ‘online’.

Este proyecto prevé otorgar tanto al Gobierno como a determinadas compañías un importante control sobre el contenido de las comunicaciones en la Red bajo el paraguas genérico de ‘seguridad cibernética nacional’.

El texto -presentado a finales de 2011 por los representantes Mike Rogers y Ruppersberger- propone, en origen, una revisión de la normativa de seguridad nacional (National Security Act) de 1947 con la finalidad de fomentar más intercambios de información sobre ‘ciberamenazas’ entre el Gobierno de Washington y el sector privado, o entre las propias empresas privadas. La idea es que la Administración pueda combatir ‘ciberamenazas’ en tiempo real con ayuda de la industria de Internet.

La definición de “información sobre ciberamenazas” se amplía en este proyecto a cualquier información relativa a vulnerabilidades o amenazas a las redes o sistemas de propiedad y/o operados por el Gobierno de EEUU o empresas estadounidenses, así como cualquier intento por “degradar, interrumpir o destruir” tales sistemas o redes, además del robo o la “apropiación indebida” de información privada o gubernamental, incluida (y aquí entra la comparación con SOPA) la propiedad intelectual.

En origen, el proyecto prevé incluso eliminar cualquier responsabilidad a las empresas que recopilan y comparten información entre ellas o con el Gobierno por motivos de seguridad.

Fuente: El Mundo