Ayer apareció un reportaje en El Mercurio que hablaba sobre la compra de bases de datos del SERVEL por parte de bancos, universidades, inmobiliarias, entre otros. incluye, además de la inscripción electoral, el nombre completo, la nacionalidad, profesión, fecha de nacimiento, domicilio, RUT e indicación de discapacidad. El padrón total, según estimaciones, tendría un valor de más de $40 millones, fijado a partir de la ley 18.768. Durante el período se han realizado 62 ventas de esa base de datos, la mayoría de ellas acotadas a comunas específicas. El único caso en que se vendió la actualización a nivel nacional desde julio de 2005 fue a la empresa Equifax, que administra el Dicom chileno.
En el artículo, que tiene varias imprecisiones, vemos como la gente cree que la actual Ley de Protección de la Vida Privada -19.628- se cree que tiene alguna relevancia, las personas creen que ella les puede amparar, lo que es incorrecto como también se busca que alguna autoridad resuelva y ampare el tema de la protección de los datos, como mal se piensa del Consejo de Transparencia, un organismos que cumple otra finalidad y no la de proteger a los ciudadanos y ampararla para proteger los datos. Lo que necesitamos en nuestro país es una Agencia de Protección de Datos siguiendo el modelo Europeo.
Estamos frente a una necesidad de dar total solución enfrentando el tema de la protección de los datos y los resguardos adecuados, el problema que se nos presenta es el desconocimiento de la autoridad de qué se busca amparar y qué organismo debe hacerse cargo, esto genera incertidumbre en las personas.
