El Ministerio de Hacienda está preparando desde hace un tiempo u proyecto de ley que regular el Boletín Comercial creado por el D.S. N°950 de 1928. El Gobierno busca legislar sobre las bases de datos. Uno de los cambios es licitar el actual boletín comercial, gestionado por la Cámara de Comercio de Santiago y crear lo que se llamaría en un principio un registro central de riesgos y que hoy se denominaría “Registro Central de Obligaciones Económicas”.
Fiscalización: será una Intendencia al interior de la Superintendencia de Bancos la que regulará todo el sistema de información comercial. En la actualidad, los aportantes de información son básicamente dos: las casas comerciales y los bancos. Eso se amplía. El nuevo pilar: el Boletín Comercial es reemplazado por un Registro Central de Obligaciones Económicas. El Recoe será licitado y gestionado por los privados. No podrá hacer pública por su cuenta toda la información que reciba. Sólo venderá a los denominados buros (como Dicom) información de la deuda en mora.
Mercado transparente: la deuda completa de una persona debe ser visada por el mismo deudor y no se informará de quiénes son los acreedores, sólo se identificarán áreas que aún no están definidas completamente. Se establecerán tarifas homogéneas para la venta de información.
Las personas deudoras serán las dueñas de su información de deuda vigente que no esté vencida o en mora. Es decir, la información positiva. El RCOE sólo podrá venderla a los buros (como Dicom) con consentimiento expreso del titular de la deuda y en caso de que la persona estime que tal visión de sus acreencias le permite mejorar su acceso al crédito. El Gobierno está empeñado en conseguir que esta entrega de información sea libre, y que no termine siendo obligatoria para la entrega de algún tipo de crédito. Las personas son sujetos de otros derechos que consagra el proyecto. Por ejemplo, pueden solicitar a un banco cuál fue la información utilizada, las fuentes, que se empleó para rechazar o aprobar un crédito. Hay derechos de rectificación y los informes dirán que tal corrección fue realizada. Además se establecen derechos de indemnización, en caso de mal uso de la información. Se creará un proceso administrativo, para que no sea tan costoso el sistema actual, que sólo resuelve la justicia.
Las mayores críticas provienen de las casas comerciales en contra de la consolidación de las bases de datos, quienes señalas que el Gobierno no reducirá el endeudamiento de las personas al publicar su comportamiento de pagos, sino que lo aumentará, puesto que muchos individuos que hoy no son atractivos para la banca, lo serán. Señalan que el costo de la iniciativa de Hacienda será evitar que los privados se autorregulen al meterse en medio de una pelea comercial.
El proyecto que enviará Hacienda al Congreso creará una base de datos que consolide toda la información de deuda de los chilenos (de bancos, casas comerciales y otros prestamistas), la cual será fiscalizada por una intendencia dependiente de la Superintendencia de Bancos. Esta información se consolidará en el Registro Central de Obligaciones Económicas (Recoe) -que será privado y licitado-, el cual podrá vender la información a burós de crédito.
