La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la denuncia presentada en contra el Banco de Crédito e Inversiones por prácticas antisindicales y desleales en proceso de negociación colectiva.

En fallo dividido (causa rol 35.159-2017), la Cuarta Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich y los abogados (i) Jean Pierre Matus y Rodrigo Correa– acogió recurso de unificación de jurisprudencia y dictó sentencia de reemplazo en la que descarta ilicitud de grabación obtenida por representantes de los trabajadores en un encuentro con el empleador.

“(…) a diferencia de lo que afirma la sentencia recurrida, a juicio de esta Corte no existen argumentos para entender que la regla de exclusión en el orden laboral incorpora dentro de la noción de prueba ilícita aquella obtenida en abierta contravención a una norma de derecho o a un imperativo moral socialmente aceptado, con independencia de la inobservancia de garantías constitucionales, como propugna el fallo en análisis”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “Si bien la redacción del precepto es confusa, ya que parece proponer dos hipótesis distintas de no valoración, una relativa a aquella evidencia obtenida directa o indirectamente por medios ilícitos y otra atinente a violación de derechos fundamentales, lo cierto es que no existe constancia en la historia legislativa de que se haya pretendido innovar en el tratamiento de la exclusión de pruebas, más allá de lo que se ha entendido por parte de la doctrina como una consagración legal de la “teoría de los frutos del árbol envenenado”, que por lo demás, desde un inicio ha tenido plena aplicación jurisprudencial en materia penal. La norma de exclusión propuesta por el Mensaje Nº 4- 350, de 23 de septiembre de 2003, contenida en el inciso 4º del artículo 458 del proyecto, es idéntica a la finalmente aprobada y que corresponde actualmente al artículo 453 Nº 4 del Código del Trabajo, sin que en la discusión del proyecto de ley se generara un debate en torno a las hipótesis de exclusión de prueba ilícita”.

“Por otra parte –continúa–, la posición planteada por el fallo impugnado implicaría, necesariamente, sostener que la regla de exclusión consagrada en el Código del Trabajo tiene un alcance mayor que aquellas contempladas en el Código Procesal Penal y en la Ley de Tribunales de Familia y de paso entender que, en la esfera del derecho laboral, en un ámbito de eficacia horizontal de las garantías fundamentales, debe aplicarse un criterio de exclusión más amplio que aquel vigente en el proceso penal, que constituye el ejemplo más puro de eficacia vertical de los derechos humanos. Tal predicamento llevaría a concluir, como consecuencia, que el legislador ha impuesto a los particulares un estándar de respeto más alto que el exigido al propio Estado, lo que resulta evidentemente contra la intuición”.

 

Fuente: Poder Judicial

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