Organismos del Estado admiten que entregan bases de datos a privados

En una nota publicada ayer en El Mercurio, se reconoce que los Organismos del Estado admiten que entregan bases de datos a privados, me parece que estos hechos no son más que el reconocimiento de algo que se viene desarrollando desde hace varios años pero que nunca se transparentaba. Recuerdo  la vez que en un seminario hicimos ver al Ministro de ese entonces sr. Viera Gallo y nos comentaba que no era necesario regular esta materia ya que para ello existía la ley 19.628, en la que participó como Diputado en su momento. Hoy con  la presunta entrega de la base de datos de Fonasa a la empresa La Polar, no sería el único intercambio que habría entre organismos públicos y privados. Así lo asegura un estudio de la fundación Pro Acceso, que midió el tratamiento que el Estado le da a la información privada de los ciudadanos y si estas instituciones cumplen con la Ley 19.628, sobre la protección de la vida privada y que dice relación con esta materia.

Un punto relevante del informe advierte que el 48% de las entidades consultadas ha efectuado transferencias de datos personales a otras reparticiones públicas o privadas.Y a esto se agrega que sólo el 43% ha declarado tener estos antecedentes ante el Registro Civil, por lo que la filtración de datos no puede ser fiscalizada.

Si a los organismos que depende del Estado de Chile les entregamos nuestros datos, éstos deben ser utilizado en virtud del principio de finalidad del dato, en términos sencillo con el objeto específico para el que fueron proporcionados. Si hoy nos encontramos con que son entregados a empresas privadas para otros fines, me parece que ello no es más que una muestra de la escasa conciencia que existe sobre la protección de la información.
Hoy vemos como algunos diputados presentan pequeñas modificaciones a la ley 19.628 pero sin mirar la norma en su conjunto y no proponiendo cambios globales para hacer de esta norma una real aplicación, con responsabilidades y también derechos para los titulares de la información.

Otro tema que también se debe considerar es que gran parte de los organismos no cuentan con un sistema que resguarde los datos proporcionados por los usuarios. Esto se explica porque sólo el 27% de las instituciones manifestó contar con un encargado o departamento que vele por la seguridad de la información clasificada en las bases. Ello nos demuestra la ausencia de oficiales de seguridad de la información dentro de estas organizaciones, por mi experiencia me ha tocado conversar con funcionarios en que señalan que es muy fácil acceder a los datos, descargarlos y llevárselos.
El Registro Civil asegura que existe una legislación que faculta al organismo a entregar las bases de datos a cualquier entidad del Estado que la solicite. Situación que aumenta aún más los canales de filtración hacia la esfera del sector privado. Y este panorama no es menor, ya que existen bases de datos muy ricas en información, como la ficha de protección social, que registra más de 11 millones de usuarios, seguida de la Junaeb, cuya institución acumula cuatro bases con 11.725.182 personas.
Además, si consideramos que dentro de las nuevas bases de licitación de la cédula de identidad encontramos que incluirá información de salud de las personas. Me imagino cuántas Isapres o Compañías de Seguro ya están pensando comprar esas bases de datos.

Ya va siendo tiempo que nuestros legisladores se informen y que adopten una nueva propuesta de reforma a la ley 19.628.conjuntamente con la creación de una agencia de protección de datos con reales facultades de control y supervisión.

Fuente: El Mercurio

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