Consolidación de deudas del sistema financiero y Bases de Datos

Tal como se enunciara hace unos meses, nuevamente comienza reflotarse la idea de regular la consolidación financiera, de hecho la la subsecretaria de Hacienda comunicó a los representantes de la banca y del retail que en abril enviará el proyecto de ley al Congreso, tras estar siete meses suspendido. La subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, ya informó a los representantes de ambos sectores que ingresará el texto al Congreso este mes, confirmaron altos ejecutivos involucrados en las conversaciones. Pero no se trataría del proyecto original que se evaluó en 2008. La autoridad está redefiniendo algunos contenidos centrales para darle mayor viabilidad legislativa, luego de que la Comisión de Economía de la Cámara Baja también reflotara una moción en esa línea.

Banca y retail están enfrentados desde mediados de los 90 por el acceso a esta información. Los bancos argumentan que desconocer el monto de las deudas de los clientes del retail pone en riesgo el sistema de pagos y, además, inhibe a su sector de captar sujetos que son bancarizables. En línea con la idea de mejorar la información financiera disponible, el Ejecutivo anunció a mediados del año pasado su intención de enviar un proyecto de ley que permita construir una base única con todas las deudas de las personas, morosas y al día. El proyecto plantea que la base sea administrada por un tercero, previa licitación pública.

EL PLAN DEL MEDIADOR
En lo central, la propuesta de Jadresic estima que se puede avanzar en mayor transparencia sobre el endeudamiento de los consumidores y su comportamiento de pago. La propuesta que este mediador ha recomendado en sus contactos con banca y retail -y que Hacienda consideraría en su rediseño- es reemplazar la creación de una base consolidada de deudas RUT a RUT y de libre acceso para los actores crediticios (como establecía el proyecto original del gobierno) por una base administrada por un tercero y al que sólo se podría acceder con la autorización del consumidor. Otra figura es que éste debiera ser quien lo pida en persona. El mecanismo sería que al cliente, al pedir un crédito, se le pida un certificado de deuda consolidada, que reuniría información de deudas blandas (atraso de 45 a 90 días) y duras (más de 90 días). El documento tendría una validez de tiempo acotada.

Fuente: La Tercera

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