¿Se puede someter a Youtube a la misma regulación que a un canal de televisión tradicional?
Parece imposible, pero a partir de hoy el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento europeo comienzan a debatir sobre una directiva de medios audiovisuales que pretende extender a los vídeos de internet los mismos controles sobre contenidos y publicidad aplicables a las programaciones de televisión.
La iniciativa ha partido de la Comisión Europea, que al revisar la actual directiva de Televisión sin fronteras propone aplicar los controles de esa ley a ‘todas las imágenes en movimiento transmitidas por medios electrónicos’. Varios países, entre ellos España y Reino Unido, ya han reaccionado contra lo que muchos en el sector califican como ‘un disparate legislativo que pone en peligro el futuro de la industria europea de contenidos’.
Pero el impulso de la Comisión cuenta al menos con el apoyo de Alemania, Francia y Bélgica, que quieren una definición lo más amplia posible del concepto de ‘servicio audiovisual’ para poder regular la transmisión de imágenes a través de canales como internet o la telefonía móvil.
Esos países ya han conseguido introducir en el texto que llega hoy a la mesa del Consejo de Ministros de Educación y Cultura la extensión del control televisivo al servicio de vídeo por demanda. El resto de países esperan que Berlín y París se conformen con esa concesión y renuncien a controlar todos aquellos formatos audiovisuales ‘cuya forma y contenido no sean similares a los de la televisión tradicional’.
Pero ni siquiera ese equilibrio está asegurado. Y editores, proveedores de internet, operadores telefónicos y demás empresas implicadas temen que lo planteado inicialmente como un proyecto de liberalización acabe desestabilizando todo el sector audiovisual. ‘Podemos legislar, pero el mundo va por otro lado’, advierten fuentes diplomáticas españolas. ‘Intentar controlar internet es imposible y contraproducente, porque los operadores pueden trasladar muy fácilmente su actividad fuera de la Unión Europea’.Más control para las teles sin fronteras.
El proyecto de directiva sobre servicios audiovisuales pone en peligro, según fuentes del sector, el principio de país de origen de empresa de radiodifusión que prima en la legislación actual. La nueva ley, en su versión actual, facilita que un Estado interrumpa las emisiones procedentes de un operador de otro país aduciendo razones de interés general como la protección de la infancia.
La industria teme que esa potestad acabe con la unidad del mercado. A cambio, la directiva relaja las normas sobre publicidad, rebajando de 45 a 30 minutos los periodos obligatorios de programación ininterrumpida sin anuncios. Se autoriza también, como excepción, el emplazamiento de productos.